La petrolera Shell apeló el fallo de la Justicia Federal que había rechazado homologar el acuerdo firmado con la Municipalidad de Magdalena para cerrar el litigio por el derrame de petróleo ocurrido en 1999. La empresa solicitó a la Cámara Federal que valide el convenio y permita dar por finalizada la causa. En la misma línea, su aseguradora también presentó una apelación.

El acuerdo, firmado en 2009, establecía el pago de US$ 9,5 millones más un adicional por honorarios legales a cambio de concluir la demanda iniciada por el municipio tras el derrame provocado por la colisión de los buques Estrella Pampeana y Sea Paraná frente a las costas de Magdalena.

Aquel episodio fue considerado el mayor derrame de petróleo en agua dulce a nivel mundial, con el vertido de más de 5.400.000 litros de crudo que afectaron 30 kilómetros de costa, humedales y arroyos, llegando a penetrar hasta 400 metros tierra adentro en algunas zonas.

En su presentación, la empresa sostiene que “el ambiente fue recompuesto” y que no existen daños pendientes que justifiquen impedir el cierre del litigio. Además, argumenta que el juzgado de primera instancia —el Civil y Comercial Federal Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires— no valoró adecuadamente la prueba incorporada sobre las tareas de remediación.

Según la petrolera, se ejecutó un plan integral de contención, limpieza y recomposición ambiental, supervisado por autoridades y acompañado por monitoreos científicos durante años. También señala que informes y pericias realizadas entre 2020 y 2024 concluyeron en la inexistencia actual de contaminación por hidrocarburos.

Otro de los planteos centrales indica que el fallo contradice criterios previos de la propia Cámara Federal, que había señalado que la invalidez del acuerdo sólo podría fundarse en la existencia de un daño ambiental actual pendiente de recomposición, lo que —según la compañía— no fue acreditado.

Shell también afirma que el convenio no refiere a un daño ambiental vigente, sino a otros perjuicios y gastos afrontados por el municipio, ya que al momento de la firma del acuerdo el ambiente ya se encontraba recuperado.

La postura de ambientalistas

Desde sectores ambientalistas cuestionan la estrategia de la empresa y advierten que el objetivo sería evitar una revisión más profunda del caso.

“En los hechos, están litigando para poder pagar y cerrar, y eso llama la atención”, señalaron fuentes vinculadas al seguimiento de la causa.

Según esta visión, la intención sería fijar un monto definitivo y limitar la exposición económica, evitando que el expediente avance hacia un análisis ambiental más exigente.

“Si el caso se abre bajo un estándar ambiental pleno, implicaría nuevas pericias, mayor control judicial y eventualmente obligaciones más amplias”, agregaron.

Para estos sectores, la postura de la petrolera y su aseguradora no implica necesariamente una admisión de responsabilidad adicional, pero sí refleja “una estrategia clara de gestión del riesgo para cerrar el conflicto dentro de parámetros económicamente controlables”.

La definición quedará ahora en manos de la Cámara Federal, que deberá decidir si homologa el acuerdo firmado hace 17 años o si mantiene abierto uno de los litigios ambientales más relevantes de la historia reciente argentina.