La crisis del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) sumó un nuevo capítulo en medio del ajuste económico, tras un cambio en el esquema de pagos a médicos que derivó en un paro nacional y afecta directamente la atención de los jubilados. La medida se enmarca en la política económica impulsada por el ministro Luis Caputo.

En el distrito de Magdalena, los afiliados ya comenzaron a sentir las consecuencias de la medida de fuerza. La resolución 1107/2026 modificó el sistema de ingresos de los médicos de cabecera, eliminando los honorarios por consulta y dejando únicamente el pago por cápita, es decir, un monto fijo por paciente.

Si bien ese valor se incrementó de $946 a $2.100, la eliminación de adicionales provocó una fuerte caída en los ingresos. Según los profesionales, la reducción ronda el 50%, lo que implica que un médico que percibía cerca de $1.650.000 pasaría a cobrar alrededor de $800.000. La aplicación de la medida, además, fue repentina y retroactiva, lo que intensificó el conflicto en todo el país.

Paro nacional y advertencias

El reclamo derivó en un paro de 72 horas que involucra a unos 8.500 médicos y 3.200 odontólogos. Desde el sector advierten que, bajo estas condiciones, el sistema deja de ser sostenible.

En este contexto, muchos profesionales evalúan dejar de atender afiliados del PAMI y trasladarse al ámbito privado, lo que reduciría aún más la disponibilidad de atención para los jubilados.

Deuda y sistema al límite

La situación se agrava por la deuda acumulada con prestadores, que alcanza los $500.000 millones. Clínicas, farmacias, ópticas y laboratorios registran atrasos de hasta cuatro meses en los pagos.

Como consecuencia, se registran prestaciones frenadas, servicios restringidos y mayores dificultades para que los afiliados accedan a la atención.

A la caída de ingresos se suma un incremento en la carga administrativa. Los médicos deben asumir tareas vinculadas a formularios, gestión de medicamentos, insumos y trámites, además de enfrentar restricciones para solicitar prácticas básicas.

Estas condiciones complican el trabajo diario y elevan la presión sobre el sistema de salud.

Jubilados en el centro del impacto

El efecto final recae sobre los afiliados. La reducción de medicamentos gratuitos y la eliminación de programas de provisión incrementaron el gasto de bolsillo.

En los consultorios se repiten situaciones críticas: pacientes que deben elegir entre comprar medicamentos, pagar el alquiler o cubrir necesidades básicas.

El escenario en el PAMI se inscribe dentro del recorte del gasto público impulsado por el gobierno de Javier Milei y ejecutado por el Ministerio de Economía. Con menos recursos, el sistema muestra signos de deterioro, crecen los conflictos y el impacto vuelve a concentrarse en los jubilados.